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Homicidios en el paro nacional: hay “esclarecimiento”, pero falta claridad



La Fiscalía dice haber esclarecido cuatro de los 15 homicidios que tienen comprobada relación con las manifestaciones. Este término ha sido cuestionado, pues los casos están en fases muy prematuras.


“Yo tengo una irrestricta defensa de los derechos humanos. Hemos esclarecido cuatro homicidios, en tres hemos imputado a miembros de la Policía”, dijo ayer el fiscal Francisco Barbosa a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero. La misma cifra entregó la semana pasada al Congreso en una sesión sobre violencia policial en el paro nacional. No obstante, a la fecha solo hay dos imputaciones y en dos casos más podría haber colisión de competencia con la jurisdicción penal militar. ¿En qué van los cuatro expedientes y a qué se refiere la Fiscalía cuando habla de esclarecimiento?


La Fiscalía ha identificado que 15 de las 42 muertes violentas del paro tienen “relación directa con las manifestaciones”. De todos estos casos, el fiscal Barbosa dijo al Congreso: “tenemos cuatro homicidios esclarecidos. En un tiempo muy rápido. Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la Policía”. Se refiere a las muertes del comandante de la SIJIN de Soacha (Cundinamarca), el capitán Jesús Alberto Solano el 28 de abril; del joven Marcelo Agredo en Cali ese mismo día, de Santiago Murillo en Ibagué el 2 de mayo, y de Brayan Fernando Niño, en Madrid (Cundinamarca) el 4 de mayo.

Pero, ¿qué es esclarecimiento? Una fuente que conoce de primera mano el tema le explicó a este diario que el concepto aterrizó en la Fiscalía en tiempos de Néstor H. Martínez. En inglés es llamada clearance rate y es utilizada por la justicia de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. En el informe de gestión del exfiscal Martínez, en un pie de página se explica: “Se entienden por esclarecidas aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado”. Es decir, cualquier actuación de la Fiscalía que haya tenido control de un juez se considera internacionalmente como esclarecimiento.


No obstante, hay dos de estas cuatro muertes que la Fiscalía cuenta como esclarecidas en las que no ha habido siquiera imputación. En primer lugar, está el caso de Santiago Murillo, que según testimonios recibió disparos de agentes de la Policía. Su madre, afuera del hospital donde se confirmó su muerte, gritaba: “Que me maten porque me voy con mi hijo; era mi único hijo”. Por el hecho, la Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, y del teniente Pablo Andrés Parra. La Fiscalía le pidió ayer a un juez de garantías que invocara una colisión de competencias, pues a su juicio el caso debería estar en la justicia ordinaria.


En audiencia, la Fiscalía dijo tener pruebas que demostraría el rol de un mayor de la Policía en el homicidio. El abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel Del Río, le dijo a este diario que, “sacar un arma en una manifestación pública y disparar no puede ser considerado como un acto de servicio”, y que desconfían de la investigación de la justicia militar, pues tienen confirmado que en el juzgado de instrucción ni siquiera habían entrevistado a testigos cuando se ordenó la captura y una fuente les aseguró que los dos uniformados se entregaron, no fueron capturados. El juez de garantías accedió a la petición y la discusión pasará a la Corte Constitucional.


Tomado: El Espectador.com

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